El Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), surgió en 1991 como resultado de una coordinación entre sectores sociales (organizaciones de mujeres, cooperativas de consumo, organizaciones comunitarias en zonas urbanas), que coincidieron en el interés de promover la defensa de derechos de las personas consumidoras. El CDC se constituyó legalmente en 1992 y obtuvo la personería jurídica en 1995.
En estos años el CDC desarrolló muchas acciones exitosas, destacándose aquellas que lograron incidir propositivamente en la aprobación de la Ley de Protección al Consumidor en 1992, su reforma en 1996, así como en la modificación integral que la normativa tuvo en el año 2005. De igual manera, sobresalen las campañas impulsadas frente a la privatización de los servicios públicos y por una mejor protección de las y los usuarios así como los esfuerzos dirigidos a la construcción y desarrollo de un movimiento social para la defensa de lo derechos de las personas consumidoras en El Salvador.
Las actividades institucionales contribuyeron a que los derechos de las y los consumidores estén mejor posicionados en la agenda pública del país y que gradualmente sean mejor reconocidos por los distintos actores de la sociedad, y primordialmente por las personas consumidoras.
Realizarnos como organización promotora y facilitadora de la construcción del movimiento de personas consumidoras en El Salvador, acompañando a la ciudadanía en las gestiones para la solución a sus problemas en materia de consumo, lo cual nos proyecta dentro de la sociedad, como el más calificado referente técnico político en esta materia.
El CDC promueve el respeto y la defensa de los derechos de las personas consumidoras en la sociedad salvadoreña, en particular los de la población que por razones políticas, económicas, sociales o de género, enfrenta situaciones de inequidad o desigualdad en el acceso y calidad de bienes servicios básicos; para ello, fomenta una cultura de derechos; promueve y acompaña un movimiento de personas consumidoras capaz de influir en las empresas proveedoras y entidades del Estado; coopera y retroalimenta su trabajo con organizaciones sociales de otros países.