La primera asociación consumerista de El Salvador
El Foro Nacional por la Defensa de la Sustentabilidad y el Derecho al Agua, una red formada por más de 70 organizaciones de la sociedad civil, expresó su firme postura en contra de la política de descentralización que recientemente fue lanzada por el Presidente de la República, Elías Antonio Saca.
Voceros y representantes de algunas de las 70 organizaciones que conforman el Foro, entre las que se encuentran El Sindicato de los Médicos y Trabajadores del Seguro Social (SIMETRISSS), Caritas de El Salvador, El Sindicato de Empresa de Trabajadores de ANDA (SETA) y el Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), fueron categóricos en expresar su rechazo ante las medidas que se pretenden impulsar y las cuales privilegian la función del Estado como un simple regulador y que permiten que la administración de los servicios controlados por entidades estatales, en este caso el agua, pasen a manos de la empresa privada.
Según los miembros del foro, las políticas de ajuste estructural de carácter neoliberal, como la privatización o la mencionada descentralización, a lo largo de 18 años, lo único que han generado es una reconcentración de la riqueza, encarecimiento de servicios públicos, desempleo, esquema que combinado con una institucionalidad pública débil y complaciente con los intereses de los grupos económicos dominantes ha dado pie a que se cometan arbitrariedades y corrupción.
En la conferencia de prensa también se dieron a conocer algunas de las exigencias planteadas por las organizaciones hermanadas en el Foro, quienes solicitan que a la mayor brevedad el Gobierno presente a la Asamblea Legislativa sus propuestas de Ley General de Agua y de Ley de Agua Potable y Saneamiento y que, de inmediato, se propicie un amplio debate con todos los sectores de la sociedad que tome en cuenta las propuestas ciudadanas de legislación en esta materia presentadas meses atrás.
También el Foro hizo un fuerte llamado al Gobierno para que cese toda política represiva en contra de quienes se oponen a la privatización de los servicios públicos y que se respeten los derechos humanos de las personas capturadas en Tacuba y Suchitoto a quienes pretenden aplicarles de manera injusta la tan cuestionada Ley Anti-Terrorista.
