De acuerdo a lo expresado por el CDC, en otros países existe regulación en el cobro de intereses en tarjetas de crédito lo que implica un beneficio para la personas usuarias de este tipo de servicios financieros.

Abrir Galería de Fotografías

El Centro para la Defensa del Consumidor -CDC- y Enlace de las Asociaciones de Consumidoras y Consumidores -ENLACES- presentaron los resultados de un análisis que pone en evidencia que el mercado financiero de tarjetas de crédito en El Salvador no está siendo plenamente eficiente, ni garantiza las tasas de interés más bajas y convenientes para las y los tarjetahabientes.

Actualmente, la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito se encuentra en discusión en la Asamblea Legislativa y como parte de los insumos para el análisis las diputadas y diputados han tomado lo expuesto por la Fundación Salvadoreña para El Desarrollo Económico y Social -FUSADES- la cual, en su Memorándum Ejecutivo Nº 8. Agosto de 2009, plantea su postura con respecto a la disposición del anteproyecto de dicha ley, que establecería un mecanismo para ajustar la tasa de interés que los emisores de tarjetas de crédito cobrarían a sus tarjetahabientes, de conformidad a la tasa efectiva promedio ponderada aplicable para préstamos personales publicada mensualmente por el Banco Central de Reserva y que se encuentra contemplado en el artículo 19 de dicho anteproyecto.

El análisis de FUSADES sostiene, entre otros aspectos, que la propuesta de ajustar la tasa de interés de tarjetas de crédito, provocaría una restricción en el otorgamiento de préstamos, ya que las altas tasas de interés que cobran las instituciones financieras tienen a la base el aseguramiento de los “costos de incobrables”, que, en el caso de los créditos, hasta $500 dólares representan el 24.6% de los costos totales.

Sin embargo, el CDC ha efectuado su propio análisis a fin de aportar elementos técnicos a esta discusión y lo que se encuentra es un panorama totalmente distinto.

En primer lugar, el CDC detectó que FUSADES omitió la información de la Superintendencia del Sistema Financiero en la cual se constata que el 90.63% de las tarjetas de crédito se clasifican dentro de la cartera liviana de pago, frente un 9.37% que representa la cartera pesada, lo que quiere decir que la mayor parte de las personas se encuentran pagando sus compromisos y, por esto, el argumento de colocar altos intereses para cubrir “los costos incobrables” pierde sentido.

Además, se ha afirmado que El Salvador registra las tasas de interés mas bajas de la región, sin embargo, la consulta realizada a los diferentes Bancos Centrales y Superintendencias de Bancos de la zona, permite constatar que el país no sólo no se encuentra ubicado entre las tasas más bajas, sino que, además, presenta clara desventaja en materia de beneficio a los consumidores y consumidoras del sistema de créditos, frente a países como Uruguay, Ecuador y Costa Rica que presentan las tasas de interés activas más bajas de la región.

El panorama de las tasas de interés de las tarjetas de crédito para los diferentes países en la región no es muy diferente, ya que es posible observar, para el caso específico de El Salvador, que las tasas definidas para los 166 tipos de tarjetas de crédito en circulación (no 148 como afirma FUSADES) registradas por la Defensoría del Consumidor, arrojan un promedio de 29.87%, frente a tasas considerablemente bajas en el rubro de las tarjetas de países como Uruguay, Ecuador y Estados Unidos.

Es importante apuntar que la tasa de interés promedio para tarjetas de crédito en El Salvador se encuentra influenciada por la existencia de tarjetas que registran tasas por debajo de 29.87%, ya que es posible encontrar intereses que alcanzan niveles de casi un 40%.

Es aún más relevante destacar que el 78.8% de las tarjetas de crédito emitidas se encuentran clasificadas, según información de la Superintendencia del Sistema Financiero, en el rango más alto de tasas de interés. (Descargar boletín completo)

Por tanto, si el establecimiento adecuado de una tasa de interés máxima trae beneficios para las y los usuarios del sistema, vale la pena dar el visto bueno al artículo 19 del proyecto de Ley del Sistema de tarjetas de Crédito, que aún espera aprobación de la Asamblea Legislativa, y que entre otras cosas vendría a impactar positivamente la deteriorada situación económica de las personas consumidoras.

Debido a lo anterior el CDC y ENLACES hacen las siguientes recomendaciones:

• Asegurar que el proceso de evaluación del proyecto de Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito cuente con toda la información necesaria por parte de las instituciones financieras y entidades competentes.
• La realización de un ajuste a la tasa de interés o establecimiento de un nivel máximo a la misma, debe estar encaminado en todos los aspectos a la consecución de un mayor beneficio para las personas consumidoras, y no a favor de seguir garantizando a las instituciones emisoras de tarjetas de crédito la generación de márgenes extraordinarios de ganancias, en detrimento de la situación económica de las y los usuarios del sistema, quienes, además de lidiar con altas tasas de interés, deben hacer frente a otro tipo de cobros, en concepto de comisiones, recargos adicionales, etc.
• La construcción de una tasa de interés máxima debe tomar en cuenta la revisión de las legislaciones en materia de tarjetas de crédito otros países con un nivel de tasa de interés considerablemente más bajo que en El Salvador, para brindar un beneficio directo a las personas consumidoras del sistema, y además permitir analizar que elementos hacen compatible un sistema financiero con tasas de interés accesibles y llevaderas, que amplían la cobertura del mercado de tarjetas y no atentan contra la capacidad de los bancos de obtener ganancias.
• Debe considerarse, a mediano plazo, la creación y el fortalecimiento de una Banca Estatal que funcione bajo principios de transparencia, solidaridad y equidad, a la cual puedan acudir aquellas personas que bajo la óptica del sistema financiero privado no sean sujetas de crédito.
• Con respecto a la propuesta de Ley de Usura, que trabajan la Defensoría del Consumidor, la Superintendencia del Sistema Financiero y el Banco Central de Reserva, consideramos que no es necesario otro cuerpo normativo, más bien se debe de incorporar como un capítulo lo referente a la usura en la Ley de Protección al Consumidor, en consecuencia proponemos una reforma al Código Penal para sancionar el cobro de la tasa referida.