La primera asociación consumerista de El Salvador
La Comisión de Economía y Agricultura, de la Asamblea Legislativa, inició con la presentación del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) y Enlace de las Asociaciones de Consumidoras y Consumidores de El Salvador (ENLACES), el proceso de consulta para someter al pleno la aprobación de las reformas a la Ley de Protección al Consumidor.
El pasado 18 de agosto, el CDC entregó, en el marco de los tres años de vigencia de la actual Ley, un conjunto de 30 reformas que buscan dar mayor protección legal para las personas consumidoras.
En ese sentido, Armando Flores, Director Ejecutivo del CDC, Ernesto Urrutia, del Área de Servicios Jurídicos del CDC y Berta Rivera, Presidenta de ENLACES, sostuvieron una sesión de trabajo con las diputadas y diputados de dicha comisión para ampliar los contenido de la propuesta hecha desde la sociedad civil.
Las reformas expuestas, en la Comisión de Economía, tuvieron aceptación entre la mayoría de las y los diputados asistentes.
De acuerdo a las y los representantes de las asociaciones consumeristas, las reformas buscan mejorar la protección de la economía familiar, por ejemplo, a través de la fijación de precios en caso de comprobarse prácticas empresariales tendientes a especular y acaparar productos.
Además, que se pongan límites a los abusos bancarios en el cobro de comisiones y recargos, mayor protección a los consumidores en la firma de los contratos.
Otra novedad es la posibilidad que él ó la consumidora puedan presentar demandas a nivel judicial en defensa de sus derechos colectivos, actualmente, está atribución es exclusiva de la Defensoría del Consumidor.
“La Defensoría del Consumidor tiene el monopolio de la defensa legal en juicios, esto debe ser potestad de los mismos consumidores organizados y con posibilidad de las asociaciones de consumidores”, con la nueva figura se facilitaría el acceso a la justicia en materia de consumo, expresó el director del CDC, Armando Flores.
Protección a la economía familiar, límites a los abusos bancarios y acceso a la justicia en materia de consumo, forman parte del contenido de la reforma.
