CDC y Enlaces consideran que la situación del encarecimiento de alimentos ya llegó a niveles alarmantes y se hace urgente que el Estado adopte medidas para evitar una crisis alimentaria.

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"Con esta situación de precios se debería decretar una emergencia" Así considera la directora Nayda Medrano, directora del Centro para la Defensa del Consumidor -CDC- que debería de ser abordado, por parte del Gobierno, el problema del imparable encarecimiento de los alimentos.

De acuerdo al análisis del CDC, es alarmante el incremento en el costo de la vida que han tenido que afrontar las familias salvadoreñas en un corto período de tiempo. Esta situación se ha caracterizado por alzas desmedidas en el precio de las Canastas Básicas Alimentarias (CBA) y reducidos ajustes en los niveles salariales de la población trabajadora.

En la zona urbana, el precio de la CBA ha presentado una variación a la alza de 18%, en el último año y medio, este incremento equivale a $28.90. Es decir pasó de costar $160.87 a $189.77.

Por su parte, en la zona rural, la situación es más dramática. Entre enero de 2010 y julio de 2011, la CBA subió 36%. La familia salvadoreña tiene que desembolsar $40 adicionales, lo que significa que pasó de costar $112.18 a $152.19.

Estos datos se dieron a conocer en una conferencia de prensa, en la cual también participó Enlace de Asociaciones de Consumidoras y Consumidores de El Salvador -ENLACES.

Marina Estrada, vicepresidenta de ENLACES dijo que el Gobierno debería de actuar de manera inmediata, ya que la situación que afrontan la familias es cada vez más dura, apenas alcanza para comprar alimentos y si a esto hay que agregar el pago de servicios, salud y transporte, la situación ya es insostenible.

Además, en su análisis, el CDC destaca que, de los países centroamericanos, La Canasta Básica Alimentaria de El Salvador ocupa el último lugar según el aporte de kilocalorías por persona, que asciende a 2160 Kcal, con un déficit de 315 Kcal, con respecto al indicador regional que establece el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) que establece el requerimiento diario por persona en 2,475 kilocalorías.

Ente este panorama de crisis alimentaria emergente CDC y ENLACES hacen un llamado a los diferentes Órganos del Estado:

Asamblea Legislativa

• Ante la nula efectividad de la mera imposición de multas a los distribuidores de granos básicos, y con el objeto de ampliar y mejorar la tutela de los derechos de las personas consumidoras es URGENTE que la Asamblea Legislativa reforme la Ley de Protección al Consumidor en los artículos 4 y 58, para otorgarle la facultad a la Defensoría del Consumidor de fijar y modificar los precios máximos de los bienes intermedios y finales de uso o de consumo y de los servicios cuando se comprobare o existan indicios de la utilización de cualquier maniobra o artificio para la consecución de alza de precios de los mismos.

Órgano Ejecutivo

• Al Ejecutivo se le exige: crear, en carácter de emergencia, una entidad que garantice una reserva estratégica de alimentos y canales de comercialización de productos de la canasta básica.
• En reiteradas ocasiones, el CDC ha instado que, ante la insuficiencia de los salarios mínimos, para cubrir el costo de las canastas básicas alimentarias (urbana y rural), se debe establecer de un salario social, entendido este como un complemento que el Estado debe cubrir para cerrar la brecha existente entre los ingresos de las familias de menores ingresos y el costo de, al menos, el Gasto Familiar Básico Mensual (GFBM).
• Evaluar, de inmediato, la metodología de construcción de las CBA con el objeto de garantizar que los indicadores alimenticios del país cumplan los requerimientos nutricionales.
• Sigue siendo urgente una reforma fiscal. Una mejor distribución de la riqueza por medio de una mayor recaudación permitiría reforzar el gasto público en las áreas de salud, educación y programas de protección social.
• El diseño e implementación de políticas públicas, extensivas a nivel regional, con un enfoque de soberanía alimentaria que deriven en la reactivación real del sector agropecuario local y que rompa con el circulo de beneficio a transnacionales.