La primera asociación consumerista de El Salvador
El día 3 de diciembre, el Presidente de la República, Elías Antonio Saca, anunció, en cadena nacional de radio y televisión, un paquete de medidas económicas que el Ejecutivo pretende implementar con miras a dar respuesta a la grave crisis económica que enfrentan las familias salvadoreñas, situación que se ha puesto de manifiesto en diversas encuestas estudios de opinión pública.
Del total de medidas anunciadas por el Gobierno, el Centro para la Defensa del Consumidor realizó un análisis de algunas de las más importantes y el cuál se presenta a continuación:
En el área de educación:
Se propone la eliminación de la matrícula, colegiatura mensual y derechos de graduación en el sistema público de bachillerato.
El análisis del CDC estima que, de acuerdo a datos obtenidos del Ministerio de Educación, el gasto promedio por alumno en un instituto nacional es de $135 aproximadamente.
Y tomando en cuenta la matrícula del 2006 que fue de 139, 745 alumnos se estima que el estado deberá invertir: $18, 865, 575, sin embargo, la preocupación es la sostenibilidad de dicha propuesta, ya que la estrategia del Gobierno para ampliar los servicios educativos ha sido a través de préstamos, inclusive, a algunos directores de los centros educativos, les preocupa cuando se harán efectivas las transferencias de los fondos.
Ampliación del programa EDUCAME para aumentar su capacidad de 30 mil a 50 mil cupos.
Con respecto al programa EDUCAME, cuya capacidad se promete ampliar, hay que considerar el impacto real de dicha medida, ya que en el 2006 sólo se matricularon en dicho programa 3,202 alumnos y se graduaron 733.
Otro dato revelador que pone entre dicho el alcance de este programa es que , de acuerdo al MINED, el 43% de los estudiantes abandona sus estudios por situaciones económicas.
En el área de servicios financieros:
Publicación en los periódicos, de forma mensual, las tasas, comisiones y recargos que cobran los emisores de tarjetas de créditos.
El derecho de información es básico y coadyuva al ejercicio del derecho de libre elección. Actualmente, la Defensoría publica, en su sitio web, un ranking de tarjetas de crédito con base en la información de las tasas de interés; por su parte la Superintendencia del Sistema Financiero, publica mensualmente las tasas de interés y las comisiones aplicables por los bancos, inclusive, sobre las tarjetas de crédito que emiten, la medida sólo ampliará los datos que ya se publican.
Otra revisión a través de la defensoría del consumidor, para eliminar otros cargos a los usuarios.
El cargo por cuentas bancarias inactivas ya se eliminó, es una situación que está regulada en la Ley de Protección al Consumidor, en numeral e) artículo 20; lo que ha existido es una violación sistemática de los proveedores financieros de dicha disposición, y, en consecuencia, la Defensoría del Consumidor debe aplicar las sanciones correspondientes.
El CDC considera que debería reformarse el artículo 64 de las Ley de Bancos, que establece la absoluta libertad de los bancos con respecto al establecimiento de las tasas de interés, comisiones y recargos.
Profundizar en el establecimiento de cobros de tasa de interés sobre saldos totales y no sobre saldos diarios.
En el artículo 12 de la Ley de Protección al Consumidor, se establece la obligación de cobrar sobre saldos diarios pendientes de cancelar y no sobre saldos totales. Lo que propone el Presidente no es nada nuevo.
La Superintendencia del Sistema Financiero y el Banco Central de Reserva, en coordinación con la Defensoría del Consumidor, implementarán medidas, sin distorsionar el mercado, en beneficio de todos aquellos usuarios que estén siendo objeto de aplicación de porcentajes excesivos de interés por parte de los emisores de las tarjetas de crédito.
Es una propuesta ambigua, sin un compromiso claro y preciso; por el contrario, el gobierno se ha negado a impulsar la discusión seria y con la diligencia que amerita la situación como sería la creación de una "Ley de Tarjetas de Crédito".
En el área de la telefonía:
Implementación de un sistema de portabilidad numérica.
Este aspecto ya está regulado en la Ley de Telecomunicaciones y su reglamento; así como en el plan de numeración aprobado por la SIGET desde el año 2005, no constituye una medida novedosa, sino una mora en el cumplimiento de la Ley.
Reformas a la ley de telecomunicaciones, para que los saldos de las tarjetas de prepago que tiene la telefonía celular duren al menos 90 días, y para reducir el cobro por cargo fijo mensual de telefonía fija.
Es importante que se establezca por ley la duración de los saldos de las tarjetas prepago; pero, por otra parte, debería eliminarse el cargo fijo mensual en la telefonía fija y no sólo reducirse, así como, revisarse los costos del minuto telefónico, ya que El Salvador tiene la tarifa fija más cara de Centro América que, además, incluye el menor número de minutos.
En el área de energía eléctrica:
Detener los cobros indebidos y excesivos relacionados con la instalación de medidores, cortes y reinstalación de servicios de energía eléctrica y exigir que se mejore el servicio y se compense por las fallas de suministro de energía.
Ya existen normas de calidad, se requiere que la ciudadanía las conozca para hacerlas exigible. No es nada novedoso.
No habrá aumentos de tarifas de electricidad,
Es importante que la ciudadanía conozca que, en este sentido, la lucha de las organizaciones sociales y el movimiento de consumidores y consumidoras han jugado un papel relevante, ya que es producto del esfuerzo de la campaña ciudadana; "Desconectemos los altos precios de la luz", donde se solicito la eliminación del cargo por uso de red y de atención al cliente que ahora se cuenta con reformas a la Ley General de Electricidad.
