El CDC presentó una pieza de correspondencia, a la Asamblea Legislativa, en la cual pide reformar la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
El Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) presentó, a las y los diputados de la Asamblea Legislativa, una pieza de correspondencia en la cual solicita endurecer las sanciones en contra de aquellos concesionarios del servicio público de transporte colectivo de pasajeros que incrementen el pasaje de manera ilegal en perjuicio de la población usuaria.
Entre las medidas que se proponen se encuentra la de cancelar la autorización para la prestación del servicio, para quien aplique incrementos ilegales; remitiendo el vehículo y haciendo obligatorio el pago de la sanción para el retiro de la unidad.
Además, el CDC exige que las unidades tengan en un lugar visible la tarifa autorizada y que también se sancione con la remisión del vehículo si el autobús no cuenta con la debida autorización emitida por la Dirección General de Transporte Terrestre del Viceministerio de Transporte.
Vale recordar que, semanas atrás, diversas rutas aplicaron un incremento a la tarifa sin el aval del Viceministerio de Transporte y las autoridades se han limitado a imponer esquelas, mismas que, como ha ocurrido en otras ocasiones, podrían ser exoneradas mediante un decreto legislativo.
Durante todo el año, los concesionarios de este servicio han mostrado su inconformidad ante las constantes alzas en los precios de los combustibles y, aduciendo la reducción de sus ganancias, han tomado medidas de hecho tales como incrementos no autorizados a las tarifas y amenazas de paro.
El CDC ha recibido denuncias de la mala calidad del servicio que prestan las unidades de transporte y los malos tratos por parte de motoristas y cobradores quienes, en algunos casos, se han dado a la tarea de bajar por la fuerza a las personas que se niegan a pagar la tarifa ilegal.