Entre las actividades para promover la Reforma Constitucional por el Derecho al Agua se realizó un foro con la participación de personalidades del ámbito jurídico.
Con una serie de actividades entre las que se destacan los “cantareando”, festivales musicales, coloquios y foros se sigue promoviendo la Reforma Constitucional que busca incluir el Derecho Humano al Agua en la Constitución de la República.
En este marco fue realizado un foro denominado: “El Derecho Humano al Agua en El Salvador: Alcances y Perspectivas”, este evento fue organizado por las asociaciones aglutinadas en el Foro del Agua por la Sustentabilidad y el Derecho y en la Campaña Ciudadana “El Agua es Nuestra”.
La actividad contó con la presencia de distinguidas personalidades del quehacer jurídico nacional, entre quienes destacan, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Lic. Óscar Luna, quien presentó los alcances del cumplimiento del Derecho Humano al Agua en el país, así como también se contó con la ponencia del reconocido abogado constitucionalista Dr. Mario Antonio Solano, quien realizó una fundamentación jurídica de la propuesta de Reforma Constitucional.
“Para todo derecho hay una obligación y es el Estado el obligado a adoptar medidas de todo tipo para garantizar el Derecho al Agua en el país”, dijo el Procurador Óscar Luna, al referirse a una medida legislativa como la Reforma Constitucional que es una obligación y un compromiso, ya que el Estado salvadoreño ha ratificado y ha suscrito tratados internacionales en materia de derechos de alimentación y calidad de vida, por tanto, debe asumir su compromiso para garantizar el acceso al agua a sus habitantes.
El Procurador de Derechos Humanos también denunció los graves problemas de contaminación del agua que sufren a diario miles de familias salvadoreñas y que, por tanto, se hace necesario que el país tenga una Ley de Agua que proteja el vital líquido, además, hizo un llamado para que en “el más corto tiempo” comience la discusión sobre la Reforma Constitucional para que desde el más alto nivel existan instrumentos legales que garanticen el acceso al agua de calidad para todas y todos los salvadoreños.