Funcionarios de la nueva administración han dicho que tendrán las puertas abiertas a las propuestas emanadas desde la sociedad civil.

Son muchas las deudas históricas que gobiernos anteriores han adquirido con la población en temas tan importantes como la creación de leyes que garanticen el acceso al agua y que, además, protejan este vital recurso; elaborar normativas que hagan frente a los abusos del sistema financiero; implementar regulaciones efectivas en rubros tan esenciales y estratégicos como la electricidad, telecomunicaciones y los hidrocarburos, sólo por citar algunos ejemplos.

Sin embargo, y a pesar de ser constantemente demandas de la población, poco o nada se ha hecho para dar respuesta a estas y otras necesidades de la población.

Es por esto que, reconociendo la oportunidad que se presenta con el nuevo gobierno, y a tenor de lo expresado por el Presidente Mauricio Funes, en relación a retomar medidas urgentes y de interés nacional que fortalezcan la institucionalidad y la actuación de las entidades publicas del país, el Centro para la Defensa del Consumidor -CDC- ha identificado las siguientes temáticas apremiantes y que deben ser incorporadas en la agenda gubernamental de manera inmediata:

1. La pronta aprobación de las Reformas a la Ley de Protección al Consumidor, cuyas propuestas fueron presentadas en el mes de agosto de 2008 a la Asamblea Legislativa por CDC/ENLACES y la Defensoría del Consumidor.
2. El impulso de reformas a la Ley de Telecomunicaciones, la cual deberá armonizarse con las reformas a la Ley de Protección al Consumidor, a fin de asegurar la implementación de un procedimiento ágil para la resolución de reclamos y regular la terminación anticipada en los servicios de prestación continua. También, se pide que la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, SIGET, impulse la creación y aplicación de normas de calidad en este sector.
3. Promover los cambios necesarios a la Ley General de Electricidad. A través de los cuales, se transparente el funcionamientos del mercado eléctrico, principalmente, en lo referido a la modificación de la metodología para el establecimiento del precio de la energía eléctrica, basados en costos reales de producción.
4. La presentación inmediata de las propuestas de Ley General de Agua y Ley de Subsector de Agua Potable y Saneamiento, dado que en el plan de gobierno del Presidente Mauricio Funes, existe la promesa de diseñar e implementar una política nacional del agua, desde una perspectiva integral, sustentable, equitativa y participativa, con el objetivo de asegurar una gestión integral del recurso hídrico, que tendría a la base el enfoque de cuenca y de derecho humano al agua.
5. El fortalecimiento de la protección de las y los usuarios del sistema financiero, ya que son innumerables los abusos que enfrentan los y las usuarias del sistema financiero y, en particular, de las tarjetas de crédito, un problema que, entre otros aspectos, tiene que ver con la ausencia de regulación y vigilancia de las instituciones bancarias y crediticias, las prácticas empresariales y las altas tasas de interés. Frente a esta problemática, es urgente abrir la discusión legislativa y aprobar, lo antes posible, la Ley del Sistema y de Tarjetas de Crédito.
6. La pronta aprobación de la Ley de Comercialización de Hidrocarburos y la Política Energética. Los problemas del mercado de los hidrocarburos tienen como causas, entre otros aspectos, la falta de regulación y vigilancia, la ausencia de competencia en el sector, los abusos de las empresas y, en consecuencia, esto repercute en altos precios de los combustibles que han golpeado la deteriorada economía de las familias salvadoreñas. Que de forma inmediata, se retome, por parte del Ejecutivo y el Legislativo, las propuestas de Ley de Hidrocarburos y la Política Energética, las cuales contribuirán a fortalecer la capacidad institucional del Estado, estableciendo las bases de una verdadera regulación del sector y la actualización del esquema de sanciones y obligaciones de los actores de la cadena de comercialización, entre otros. Asimismo, el Estado, debe apoyar los proyectos de energía renovables, que garanticen la diversificación de la matriz energética del país, con el fin de reducir la dependencia de los derivados del petróleo.