Todo parece indicar que el poder económico de las transnacionales de telefonía sigue siendo suficiente para poner al ejecutivo y legislativo a su favor.
El 1 de febrero, del presente año, el Centro para la Defensa del Consumidor -CDC- se pronunció en contra de que las familias salvadoreñas usuarias del servicio de telefonía fija residencial pagaran el cargo de acceso más alto de la región centroamericana.
El cargo de acceso en El Salvador, de $9.43 ( $8.34 sin IVA), representaba un 349% más que el mismo cargo en Honduras y tratándose del mismo proveedor.
Ante la discusión de eliminación o reducción del cargo de acceso residencial, la Asamblea Legislativa emitió el 4 de marzo del corriente año el Decreto Legislativo No. 295, en el cual se establece que el costo del cargo de acceso será de $6.14 ($6.94 con IVA).
Sin embargo, con esta decisión, se mantiene el costo del cargo fijo de telefonía residencial en El Salvador como el más alto de la región, sumado a ello, las condiciones de prestación del servicio continúan siendo las más desfavorables.
A juicio del CDC, establecimiento temporal del cargo residencial en $6.14, por parte de los diputados y diputadas, careció de una fundamentación técnica y de un criterio de estimación basado en costos. Lo cual favorece directamente a la empresa CLARO (CTE El Salvador), compañía con una posición dominante en el mercado de telefonía fija, la cual, durante sus gestiones y cabildeo ante los legisladores, propuso reducir el mencionado cargo a $6.84 ($7.72 con IVA).
La similitud entre la tarifa aprobada y la tarifa propuesta por la empresa CLARO demuestra que el acuerdo legislativo resguarda los niveles de ganancia de la empresa, al favorecer los requerimientos de la compañía que domina el 85% del mercado de telefonía fija en el país, y para la cual el ingreso por la prestación de este servicio específico representa el 60% del total generado.
El CDC hace el siguiente ejercicio: de haberse tomado la decisión de equiparar el costo del cargo de acceso al cobro regional, este habría rondado los $4.53, que se corresponde con el promedio centroamericano, incluyendo el cobro en El Salvador. Por su parte, al excluir a El Salvador (país con el cargo más alto) del promedio, este sería de $3.58.
En este último caso, hubiese prevalecido el interés de las personas usuarias, mandato constitucional que deben cumplir las instituciones del Estado; lo cual significaba una disminución aproximada del 50% de los ingresos de las empresas telefónicas (Gráfico 6). La empresa CLARO argumentó durante todo el proceso de discusión, que una reducción de este tipo amenazaría su sostenibilidad financiera; sin embargo, los analistas de riesgo clasifican a la compañía CTE S.A. de C.V., como de alta rentabilidad y capacidad de pago, la cual se constata cuando es clasificada en la categoría EAAA, que según el artículo 95-B de la Ley de Valores de El Salvador significa lo siguiente.
Por lo tanto, una reducción significativa del mencionado cargo tiene viabilidad, desde la perspectiva técnica y garantizándose, aún así, niveles de ganancia.
El desenlace ha sido, a todas luces, a favor de la empresa dominante en el sector, la cual impuso su criterio en detrimento de la economía de las familias salvadoreñas.
Con base a lo anterior, el CDC reitera que:
- Ante la clara existencia de una alta concentración en la prestación del servicio de telefonía fija, la Superintendencia de Competencia, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, la Asamblea Legislativa y la Defensoría del Consumidor, deben iniciar un proceso de consulta amplio para proponer un nuevo marco jurídico institucional en telecomunicaciones, así como reforzar otros cuerpos normativos que regulen al sector, con el objetivo de garantizar los derechos de las personas usuarias y el fortalecimiento a la institucionalidad del Estado como ente regulador frente a prácticas poco éticas de las empresas;
- El Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tienen el mandato constitucional de trabajar en defensa de los intereses de las personas consumidoras, en consecuencia, cualquier decisión que se adopte debe prevalecer el espíritu de nuestra carta magna; y
- La actual crisis económica tiene a la base la adopción de un modelo neoliberal que sobrepuso el libre mercado sobre las atribuciones del Estado, con la lógica de privilegiar los intereses de las empresas transnacionales y de los grandes grupos económicos.
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Comumicado de prensa: Exigua reducción en el cargo fijo de telefonía residencial. |