Acuerdan crear equipo técnico para estudiar más a fondo las reformas solicitadas.
El lunes 11 de agosto, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa, recibió a representantes de espacios sociales que presentaron el pasado 16 de julio reformas al Código Penal con el objeto de endurecer las penas contra aquellos que han especulado con los precios del frijol. Se expusieron las razones por las que se hace necesario una reforma a dicho cuerpo normativo, relativas al mercado, la libre competencia y la protección de las personas consumidoras contenidas en el Capítulo II del libro segundo.
Danilo Pérez, Marina Estrada, Ernesto Urrutia y Eva Sánchez, en representación de PECOSOL, CONSUACCIÓN, la Mesa Agropecuaria, la Plataforma de Agricultura Sostenible de El Salvador y la Alianza de la Sociedad Civil por la Nutrición, comparecieron ante la comisión, manifestando que es necesario endurecer las penas vigentes a efecto de disuadir a los comerciantes de alterar los precios injustificadamente y sancionar severamente a los delincuentes que cometan tales delitos.
De manera específica, se solicitó que el acaparamiento actualmente sancionado con prisión de 3 a 5 años, pase a ser castigado con prisión de 6 a 10 años y el agiotaje sancionado con prisión de 6 meses a 2 años pase a una pena de 2 a 4 años, entre otras.
Los y las representantes de los espacios sociales brindaron datos concretos que evidencian la existencia de acaparadores en el país, por ejemplo: “Según el informe Caracterización de la cadena productiva de Maíz Blanco en El Salvador (IICA-PAF), con base a datos estadísticos del IV Censo Agropecuario, el 50% de la producción nacional de maíz se destina a la comercialización, y alrededor del 85% de esta es canalizada a través de intermediarios que son o están vinculados a proveedores mayoristas y minoristas quienes lo ofrecen al consumidor final, todo ello generalmente en relaciones de carácter informal, especialmente entre el productores individuales y los mayoristas.
Únicamente el 15% restante de lo comercializado es orientado a la industria procesadora o a compras institucionales, en donde adquieren el carácter formal e implica el cumplimiento de estándares específicos de calidad”.
Además, basados en el estudio de la cadena de comercialización del frijol, han determinado que del productor directo a las personas consumidoras, los precios llevan un incremento mínimo de más del 80%, el cual obviamente se incrementa en épocas como las actuales, donde el precio del frijol ha sufrido aumentos vertiginosos.
La Comisión acordó estudiar más a fondo las reformas solicitadas, y creará un equipo técnico integrado por las y los legisladores, organizaciones sociales y la Defensoría del Consumidor.
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Presentacion: Reformas al Código Penal Relativas al Mercado, la Competencia y la Protección al Consumidor |
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